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Por Ana Campoy

En su lucha por la despenalización del aborto en Colombia, Monica Roa, abogada, de 29 años, se enfrenta a unos rivales familiares en un país predominadamente católico: la iglesia y la derecha conservadora.

Sin embargo, también se enfrenta a un adversario menos vocal. A través de una política que niega ayuda internacional a cualquier organización no-gubernamental que propugna o proporciona servicios de aborto en el extranjero, los Estados Unidos está indirectamente manipulando un debate que ha surgido en varios países latinoamericanos, principalmente, si las mujeres deberían tener el derecho de terminar un embarazo.

Para Roa, quien en diciembre entabló una nueva demanda en la Corte Constitucional de Colombia para legalizar el aborto, esta política ha significado que algunas de las organizaciones con más en juego han cambiado su silencio sobre el asunto por los fondos estadounidenses.

“Es una decisión muy difícil,” dice Roa. “En privado, muchas personas me han dicho que están completamente a favor [de la demanda] y están muy apenadas que no puedan apoyarla, pero de no ser así, perderían el financiamiento de un programa que podría satisfacer necesidades muy importantes”.

En Colombia, Chile y El Salvador, se prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Las reglas son un poco más laxas en otros países latinoamericanos, como México. Ahí, en casi todo el país, el aborto es permitido en caso de violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, y en un estado, Yucatán, se permite cuando sea por razones económicas. No obstante, los investigadores informan que los abortos legales y seguros aún son difíciles de obtener en la mayor parte de América Latina, aún cuando lo estipula la ley.

La política estadounidense en sí no determinará el resultado del juicio de Roa, ni derrotará otros intentos a legalizar el aborto en la región. La decisión les corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo, según los opositores de la política, al condicionar su asistencia, EE.UU. empobrece el debate público, un sistema bien probado en la determinación de políticas en EE.UU., pero que aún es muy nuevo en Latinoamérica.

“Se pierde información muy útil,” declara Roa. “Existen organizaciones que son expertas en la salud reproductiva y cuya posición es muy relevante, pero no hemos podido contar con eso”.

Entre sus opositores, este efecto secundario de la política estadounidense contra el aborto se ha ganado el nombre de “la Regla de la mordaza global”.

Oficialmente, se conoce como la política de la Ciudad de México, y la estableció el Presidente Reagan en 1984 durante la Conferencia Internacional de Población de las Naciones Unidas, que se celebró en esa ciudad. El Presidente Clinton la rescindió en su primer día como presidente en 1993, pero el Presidente George W. Bush la reinstituyó cuando empezó su primer mandato en 2001.

Según la administración de Bush, el objetivo principal de la política es impedir que los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se utilicen para patrocinar a organizaciones no-gubernamentales que “realizan abortos o promueven activamente el aborto como un método de planificación familiar”.

Puesto que el aborto es ilegal en prácticamente cada país latinoamericano, técnicamente la política no debería interferir con las actividades legales en la región. Sin embargo, no funciona así, según informan las personas que trabajan en estrecha colaboración con las organizaciones no-gubernamentales de salud reproductiva en América Latina.

Marianne Mollmann, quien pasó varios meses en Perú hablando con ONGs de salud reproductiva sobre los efectos de la política de la Ciudad de México, dice que los recipientes de la ayuda financiera a menudo están confundidos acerca de las restricciones impuestas y se suelen censurar.

“Es un poco complicado,” explica Mollmann. “La guía de implementación está en inglés y no hay mucha gente que la entiende. La gente piensa, ‘No deberíamos hacer esto’ sin saber que de hecho hay muchas cosas que sí pueden hacer”.

Esto incluye abogar por el aborto cuando no sea como un método de planificación familiar, o proveer cuidado después de un aborto, lo que el gobierno de Bush ha permitido abiertamente bajo la política de la Ciudad de México.

No obstante, debido a que los fondos son tan pocos y dispersos, los ONGs prefieren no arriesgarse, añade Mollmann, quien actualmente es una investigadora de la división de los derechos de la mujer de Human Rights Watch.

Aunque prácticamente cada país latinoamericano se puede calificar como un país "en desarrollo", el progreso económico de la región en las últimas décadas ha desviado a los donantes a otras áreas más necesitadas, como África. En 2004, América Latina recibió $4,9 mil millones, un 25% más que los $3,9 mil millones que recibió en 1970. La asistencia a África aumentó en más del 200% durante el mismo periodo, de $6,1 mil millones a $19,3 mil millones, según datos del Centro del Desarrollo Mundial, un comité asesor con cede en Washington que recaba estadísticas sobre la ayuda internacional.

A pesar de que América Latina no encabeza la lista, las estadísticas de salud demuestran que la región aún está necesitada. Por ejemplo, cuando se trata de abortos que se realizan en condiciones de riesgo, América Latina posee una cifra más alta que África. En 2000, el último año del que existen datos disponibles, hubo 39 abortos inseguros por cada 100 nacimientos vivos en Sudamérica, mientras que en África hubo 14, según lo que demuestra la información de la Organización Mundial de la Salud.

Los abortos inseguros también representan una tasa de mortalidad materna más alta en Sudamérica, con un 19% en comparación con el 12% en África, según los datos de la OMS.

“La idea que las mujeres tienen que pagar, hasta con sus propias vidas, para evitar un aborto ha creado un sentimiento entre las mujeres de que sus vidas no valen nada para el gobierno,” comenta Marta María Blandón, Directora de Ipas para Nicaragua, una ONG con sede en North Carolina que aboga por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. “Esto ha lastimado la autoestima de las mujeres y ha generado una reacción apasionada para defender sus derechos como ciudadanas y personas”.

Con o sin la política de la Ciudad de México, los grupos femeninos de Latinoamérica están ejerciendo presión para la legalización del aborto. En Colombia, las mujeres han salido a la calle para protestar las leyes que prohíben el aborto; en Argentina, han organizado una campaña nacional para promover los abortos seguros y legales. También existen esfuerzos panamericanos para la despenalización del aborto, como el que organizó la Campaña del 28 de septiembre, la cual estableció la fecha como el día por el derecho al aborto de las mujeres de América Latina y el Caribe, y cuenta con la participación de 21 países.

Hasta ahora estas mujeres no han podido anular leyes contra el aborto en ningún país, pero han logrado que un tema tabú entre a la conversación nacional. En Colombia, Roa considera que ahora el debate sobre el aborto es un asunto democrático y no uno dominado por argumentos religiosos y morales.

 “No importa que sucede con la nueva decisión de la corte,” declara Roa, “ya hemos logrado un meta muy importante.”

Ana Campoy es una periodista independiente que vive en la Área de la Bahía de San Francisco, aunque vivió y trabajó como reportera durante cuatro meses en su país natal, México.

Recientemente pasó una semana en Cartagena de Indias, Colombia, donde aprendió periodismo con una de las mejores en la profesión: Alma Guillermoprieto y otros 11 periodistas latinoamericanos brillantes.

Su Conexión

Enfrentando la ley del aborto en Colombia, una entrevista con Monica Roa: http://www.whrnet.org/docs/interview-roa-0507.html

“La Regla de la mordaza global desde la perspectiva del movimiento de mujeres en Perú”: http://www.crlp.org/hill_int_ggr_chavez_speech.html

Women’s Link Worldwide, luchando por fomentar los derechos de las mujeres: http://www.womenslinkworldwide.org/whoweare.html